España lanzará plan contra aranceles de EUA

España.- El gobierno español pondrá en marcha una estrategia de ayuda en las comunidades afectadas por el alza de aranceles interpuestos por Estados Unidos a diversos productos agroalimentarios, anunció este martes el presidente de España, Pedro Sánchez.

En un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), efectuado en Jaén, Andalucía, el mandatario del gobierno en funciones mencionó como ejemplo que en comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía, donde los aranceles afectan en particular al aceite de oliva, se disminuirá el número de salarios agrícolas para percibir subsidios.

El pasado día 2, el gobierno estadunidense anunció que establecería diversos aranceles por un total de siete mil 500 millones de dólares a naciones de la Unión Europea, especialmente a los sectores agroalimentarios de España, Francia, Alemania y Reino Unido, que entrarían en vigor el 18 de octubre, de acuerdo a un reporte del sitio digital sputniknews.com.

La medida surgió después de que la Organización Mundial de Comercio (OMC) determinó que la Unión Europea y cuatro países miembros (España, Francia, Reino Unido y Alemania) dieron subsidios a la empresa Airbus, que afectaron la competitividad de la industria estadunidense.

Según un listado preliminar se aplicarán aranceles de 10 por ciento a las naves civiles que la Unión Europea vende a Estados Unidos y de 25 por ciento a varios productos de los países comunitarios. En particular a los sectores agroalimentarios, que en el caso de España serán los vinos, licores y aceites, seguidos de productos lácteos, porcinos y diversas frutas.

Sobre el tema, el ministro de Agricultura del gobierno español, Luis Planas, señaló que dichos aranceles impactarán las exportaciones españolas con 192 millones de euros al año y la mayor parte será para el sector agroalimentario, de acuerdo a un despacho informativo del diario El País.

Avanza en Senado cancelación de reforma laboral de Calderón

México.- Los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobaron modificaciones al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), con lo cual duplican de 12 a 24 meses el pago de salarios caídos de trabajadores que enfrentan un proceso de justicia laboral por despido injustificado.

También aprobaron aumentar al doble el pago de intereses que deberán pagar los empleadores es decir, de dos a cuatro por ciento, mensualmente, si los juicios laborales se prolongan mucho, y sobre la base de 15 meses.

El presidente de la comisión, Napoleón Gómez Urrutia, leyó los cambios propuestos, en los que destacó que “si en el juicio correspondiente no comprueba la persona empleadora la causa de la recisión, la persona trabajadora tendrá derecho, además, cualquier que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 24 meses”.

Refirió que la otra propuesta indica que: “…Cuando no se ha dado cumplimiento a la sentencia, si al término señalado en el párrafo anterior, no ha concluido el procedimiento, no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también a la persona trabajadora los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario”.

Ello, añadió, “a razón del cuatro por ciento mensual, capitalizable al momento del pago, lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones”.

Gómez Urrutia expuso que con esta reforma al Artículo 48 de la LFT se revierte la reforma laboral de 2012, que restringió a sólo 12 meses el pago por salarios caídos y dos por ciento el pago de intereses.

De acuerdo con el senador de Morena, la reforma de 2012 “fue un regalo para los empresarios del (expresidente) Felipe Calderón, quien presentó la iniciativa a un mes de abandonar su mandato”, y que fue aprobada en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Vanesa Rubio Márquez, resaltó que se debe cuidar no afectar la competividad y productividad en el país, a fin de dar certidumbre a los inversionistas que llegan al país, pues ellos son los que generan empleos.

En este punto, Gómez Urrutia indicó que este tema no es de competitividad, sino de justicia laboral para el trabajador, quien además de ser despedido injustificadamente, los abogados de las empresas aplican estrategias que alargan los juicios y recordó que hay actualmente 500 mil casos pendientes de resolver.

“Hay 500 mil casos pendientes, me parece increíble que estemos en contra de algo que está defendiendo la justicia laboral para los trabajadores y sus familias, que se quedan totalmente desamparados. La clase empresarial tiene los recursos para esto y más”, expuso.

Señaló que las juntas locales de Conciliación y Arbitraje se volvieron los centros de la corrupción laboral del país y los abogados empresariales de estos juicios tienen ventajas ante los trabajadores que demandan, ya que éstos no tienen dinero para pagar un abogado.

En este punto, informó que los sindicatos han defendido a estos trabajadores, para que salgan adelante para despidos injustificados y por justicia laboral en estos juicios, y explicó que cuando entre en vigor el nuevo sistema de justicia federal los juicios se agilizarán.